Derecho Humano al Agua

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 18 de agosto de 2018.

Diputadas y diputados electos Distrito V

Ayuntamiento electo.

Diputada Electa Martha Decker

Se cree y se dice que estamos viviendo la crisis del agua, y por eso la escases. No es la crisis del agua, en realidad es la crisis del modelo de gestión que genera que unos pocos  se apropien de ella, que se contamine, que se altere el ciclo hidrológico, que se destruyan los sitios de recarga y filtración, y que mueran los ecosistemas. Un ejemplo de este modelo de gestión depredador lo podemos ver en el gran número de concesiones que otorga CONAGUA a empresas con actividades extractivas como la minería, explotación de hidrocarburos, refresqueras, monocultivos, hidroeléctricas,  etc.

En Chiapas se pretende construir 79 represas hidroeléctricas y 19 mini-hidroeléctricas en el contexto de la privatización de la energía eléctrica del país; apoyar con agua a la minería a cielo abierto que ronda sobre 1´121, 911 hectáreas concesionadas, apoyar con agua a la industria privada de hidrocarburos que abarca alrededor de 509,023 has; pasar de 50 mil hectáreas de palma de aceite en la actualidad a las 250 mil en los próximos 10 años.

·         La Mina “El Azteca” en Solosuchiapa, operada por la Minera San Francisco del Oro (Frisco, propiedad de Carlos Slim) utiliza entre 3 a 6 litros por segundo solo para la etapa de exploración que equivale aproximadamente a 189,216,000 litros al año. (Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto de exploración “El Azteca”)

·         Para producir 1 litro de biodiesel a partir de aceite de palma africana de la Selva Lacandona de Chiapas, se requieren 2,590 litros de agua. (Fuente: Lilia Rebeca de Diego Correa y Gian Carlo Delgado Ramos, 2013).

·         La Planta FEMSA-Coca-Cola en San Cristóbal de las Casas con una concesión que le permite extraer un volumen de 1,6 millones de litros diarios, equivalente a 500 millones de litros de agua al año. (Fuente: CONAGUA).

A esta desmedida extracción de agua hay que  aumentar la contaminación de ríos, manantiales, arroyos con las descargas  de drenaje, los elementos tóxicos como el cianuro, plomo, mercurio, agroquímicos, etc. Además, hay que sumar la destrucción de montañas, reservas y áreas naturales protegidas, destrucción de humedales, bosques y ecosistemas que son las esponjas para filtración, recarga y almacenamiento de agua. Todo esto es generado por el modelo de gestión del agua, un modelo depredador del sistema capitalista neoliberal, que privilegia el uso del agua para las  grandes  empresas, mientras la vida de las personas y ecosistemas pasa a último término, es  así que,  mientras la población de las zonas rurales y urbanas carecen del agua.

Por todo lo anterior exponemos las  siguientes demandas, que van más allá de proyectos inmediatistas que sólo sirven para tapar el sol con un dedo. Se requiere de una verdadera política hídrica y ambiental que garantice agua para la vida, no para la muerte.

1) La revisión y aprobación de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Agua, que  contiene las bases para: Agua para los ecosistemas vitales; Agua de calidad y saneamiento para tod@s; Agua para la soberanía alimentaria; Fin a la contaminación de cuerpos de agua; Fin a la sobreexplotación y destrucción de aguas subterráneas y cuencas; Fin a riesgos y desastres a causa del mal manejo socio-hídrico-ambiental. Plantea nuevas instancias e instrumentos de planeación y gestión en los tres niveles, federal, estatal y municipal; y la construcción de un buen gobierno del agua. Ésta será el paradigma para un cambio real en el modelo de gestión del agua.

2) Dar marcha atrás a los 10 Decretos de Reserva de Agua firmados por Enrique Peña Nieto 5 de junio del 2018 (publicados al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), especialmente el último de estos que cubre 69 cuencas de la región hidrológica Grijalva-Usumacinta.

Con estos decretos violó para el caso de pueblos indígenas el Derecho a la Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe y Culturalmente Adecuada, que el gobierno mexicano a firmado y se ha comprometido al signar el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Coloca en alto riesgo a los núcleos agrarios que no tenían vigentes sus títulos de concesión al 6 de junio, que ante la falta de información no renovaron sus concesiones, por lo que los decretos representan una violación flagrante a su derecho humano al agua, a la información y a la consulta, así como el despojo de los bienes comunes naturales. De igual modo son explícitos e afirmar que “los volúmenes disponibles, no comprometidos por medio de las reservas parciales que se establecen en el presente Decreto se podrán explotar, usar o aprovechar mediante título de concesión o asignación”.

Es urgente hacer una revisión de todas las concesiones otorgadas y dar marcha atrás a todas aquellas en las cuales el volumen de extracción y su uso,  ponga en riesgo el acceso a agua de calidad y la  salud de la población.

Diputado actual por V Distrito y Enlace del Gobierno Federal Guillermo Santiago

Plataforma por el Derecho al Agua en Chiapas.